Niego la Mayor

El tema de la educación y de la reducción, o eliminación, de conciertos a centros privados está muy de actualidad. Cada día aparecen declaraciones de asociaciones de padres, políticos o sindicatos, de diferente signo, reforzando sus posturas.

Los datos del problema son los siguientes: la educación privada concertada ofrece en Andalucía unas 250.000 plazas; la demanda es mucho mayor, más de 325.000 alumnos optan cada año a una plaza en centros concertados; según datos de la Junta de Andalucía, en los centros públicos hay exceso de oferta, lo que se traduce en plazas libres; el coste de una plaza escolar en la enseñanza concertada es el 50% del coste en la pública; la evaluación de la calidad de la enseñanza en Andalucía arroja los peores datos del conjunto nacional, en esa evaluación los centros concertados obtienen una media superior a la de los centros públicos.

La cuestión parece que debería estar clara.  Un modelo presenta exceso de demanda y menor coste de prestación del servicio, ofreciendo además –en términos generales- mejor calidad. Parece que lo lógico sería potenciar ese modelo, que además no precisa de inversión pública, al menos hasta cubrir la demanda insatisfecha.  Pero aquí la lógica quiebra. Por eso no quisiera yo seguir en esa misma línea de argumentación, sino ir un poco más atrás, porque lo que resulta evidente es que este ya no es un problema educativo, ni siquiera económico: es un problema ideológico.

Las declaraciones de la Consejera de Educación son contundentes: “Hay que preservar el equilibrio y predominio de la educación pública, porque es la que garantiza la igualdad de oportunidades”, para añadir a continuación que “la actuales circunstancias presupuestarias precisan una optimización al máximo de los recursos públicos”.

La argumentación de IU (Torrijos) es rotunda: “con la realidad presupuestaria existente, la primacía debe ser garantizar una escuela pública, laica y de calidad. Esa es la jerarquía de prioridades”.

Dejando aparte los problemas sintácticos  -no sé como se garantiza, simultáneamente, el “equilibrio y el predominio”, ni como se establece una “jerarquía de prioridades”- sorprende que la optimización en la aplicación de los recursos públicos pase por asignarlos a la oferta menos demandada y más cara.  Hay, no obstante, una realidad evidente: los resultados del informe Pisa que dejan a Andalucía a la cola de los niveles de calidad educativa a nivel nacional; pero para eso también tiene solución la Sra. Consejera: “para mejorar la calidad hay que cambiar el sistema de evaluación  por otro “integral, anti-ranking y anti-reválidas”;  lo que no deja de ser marxismo puro (me refiero a Groucho).

La nota diferencial de los totalitarismos es someter la realidad a la ideología, aunque haya que forzarla. Queda claro que la clave de este discurso no es económica, ni educativa: es puramente ideológica.. Parte del  axioma, falso, de que lo público es mejor que lo privado, y que lo privado sólo  debe ser tolerado- de forma circunstancial- cuando lo público no alcance a  cubrir un determinado servicio. El debate de la educación andaluza no es,  por tanto, una cuestión educativa, sino política. Pero si el problema es  ideológico lo mínimo que habría que pedir a la Sra. Consejera y su equipo es que articule  un modelo de pensamiento fundamentado y coherente. No se puede ejercer la acción de gobierno sosteniéndose en panfletos y consignas mitineras.

De entrada niego la mayor, eso de que lo público, en educación, en sanidad,  o en cualquier otro servicio ciudadano, sea mejor que lo privado.  Dudo que la Sra. Consejera haya leído, o conozca, a John Stuart Mill, que hace más de ciento cincuenta años,  hablando precisamente “Sobre la Libertad” explicaba que  «el monopolio estatal en estos campos –se refería a la educación- no sólo es incompatible con los derechos y libertades de los ciudadanos,  sino que se convierte  forzosamente en un grave peligro para el bien común».  La garantía del bien común  capacita al Estado  para preocuparse de la enseñanza y  de que los ciudadanos tengan el adecuado nivel cultural, pero no hay un fundamento jurídico para un monopolio estatal de la enseñanza ni para establecer la obligación de frecuentar las escuelas públicas, si en la de iniciativa social se consiguen los objetivos de enseñanza por él establecidos.