Se dice que la pandemia nos ha cambiado y que no volveremos a ser como antes, ni como personas ni como sociedad. Es posible. Una de las consecuencias de la situación que venimos arrastrando desde hace más de un año es el replanteamiento de las realidades que vivimos: la familia, el trabajo, el ocio, el sentido de la amistad o los hábitos de consumo. Una tarea decisiva siempre se plantee con rigor. No se trata de ver cómo podemos de volver cuanto antes “a lo de siempre”, anclados en lo inmediato, en el corto plazo. Es preciso asumir la dirección de esos cambios personales y sociales, lo que supone ir a los fundamento
También las hermandades se han vuelto vulnerables y están afectadas por la misma situación, al fin y al cabo las hermandades son agrupaciones de personas. Será necesario también repensar su papel en la sociedad pos-pandemia.
Tras dos años sin desfiles procesionales y con la actividad externa de la hermandad reducida a mínimos, empiezan a surgir opiniones que lamentan la escasa capacidad de decisión de las hermandades y su sometimiento a las autoridades eclesiásticas y civiles. Al decir de algunos las hermandades han perdido el poder que, al parecer, tenían antes; se han sometido a la Iglesia y a las autoridades civiles, llámese Ayuntamiento o CECOP, que son quienes imponen a las hermandades lo que han de hacer.
Para analizar esta hipótesis habría que comenzar observando que las hermandades no son entes autónomos. Su ser le viene dado por la Iglesia al erigirlas como tales con la misión de transmitir la doctrina cristiana, promover el culto público u otros fines reservados por su misma naturaleza a la autoridad eclesiástica (cfr. c. 301.1 CIC). En lo que respecta a su personalidad civil ésta viene condicionada a su reconocimiento eclesiástico previo como hermandades.
A partir de aquí las hermandades han de tener libertad y capacidad de decisión para poder desarrollar su misión, en coordinación con la Iglesia en cuyo nombre actúan, para lo relativo a cuestiones religiosas y con las autoridades civiles en lo que se refiera a ocupación de la vía pública, seguridad ciudadana y similares.
Es innegable la influencia de las hermandades en su entorno, como aglutinadoras de la religiosidad popular, vertebradoras de la sociedad civil y también como agentes económicos de primer orden. Todo eso les confiere una autoridad considerable por la que deben ser tenidas en cuenta. Esa es su autoridad, que no su poder.
Esto no es una lucha de competencias, aquí cada uno tiene su papel y la misión de las hermandades es «mantener viva la relación entre fe y cultura a través de la piedad popular» (Francisco 5.05.2013). «Sus criterios deben comprenderse siempre en la perspectiva de la unión con la Iglesia, no en contraste con la libertad de asociación» (Juan Pablo II, 30.12.1988).
No nos equivoquemos, parece que la única misión de las hermandades es la organización de las salidas procesionales. Aunque así fuera el culto público corresponde ordenarlo a la Iglesia y la ocupación de los espacios públicos, garantizar la seguridad y el orden ciudadano corresponden a la autoridad civil. Las hermandades no son un contrapoder que ha de abrirse hueco entre la autoridad civil y eclesiástica. Claro que el cumplimiento de su misión supone buscar el diálogo con la autoridad civil para, en coherencia con el ordenamiento jurídico, poder ejercitar sus derechos pacíficamente. Es ahí donde han de ejercer su influencia y su poder fáctico, para superar desencuentros, lo que hasta ahora viene haciendo de forma correcta. Es una cuestión de talante, no de exigencias legales.
En un tema tan controvertido seguro que habrá quien no esté de acuerdo con estos planteamientos. Bienvenidos sean sus argumentos debidamente razonados.
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